A fines de noviembre de 2006, la Presidenta de la República aprobó la “Agenda de Probidad, Transparencia, Eficiencia y Modernización del Estado”, elaborada a partir de un informe de expertos sobre medidas para favorecer la probidad y eficiencia de la gestión pública.
De ahí emana como fuente legislativa el decreto con fuerza de ley N° 19.653 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. En ella podemos encontrar un basto articulado que versa sobre las normas legales que rigen la conducta laboral y cotidiana de los funcionarios y funcionarias públicos/as. Este D.F.L. ya en su artículo 13, mandata a que todos los funcionarios y funcionarias públicos /as que ejercen la administración del Estado, deberán observar el Principio de Probidad Administrativa, además define en su Título III art. 52, que es la probidad administrativa y señala que la autoridades de la Administración del Estado, cualquiera sea su denominación con que la designe la constitución, las leyes, y los funcionarios de la administración pública, sean de planta o contrata deberán dar estricto cumplimiento a este principio de probidad administrativa.
Es por ello que en cualquier rol o función, los funcionarios y funcionarias públicos de la administración del Estado, están obligados además de cumplir con la norma establecida, dar a conocer a su superior jerárquico en la escala de mando cualquier hecho que diga relación con falta a la probidad administrativa, para que estos hechos si existiesen sean debidamente investigados, observando siempre el derecho a defenderse, a que nadie es culpable de los hechos que se le imputan hasta que se haya comprobado fehacientemente la consumación de dichos actos y por sobre todo al derecho del debido proceso.
En este marco no existe entonces opción alguna, más que al haber tenido a la vista la famosa copia de la bitácora en donde supuestamente el Director Nacional habría hecho uso del vehículo institucional con fines personales, que la denuncia formal para dar inicio a un proceso de investigación que determinase si la acusación tenía suficiente base fundante. Es así, que algunos dirigentes de manera particularmente diligente no dudaron en confeccionar un escrito de denuncia y presentarlo ante las instancias correspondientes, ello, sin esperar siquiera la evaluación, diagnóstico o aporte al escrito por parte del resto del directorio, entendiendo que la importancia que revestía la situación no solo tenía efecto jurídico, sino también un tremendo remezón político y a futuro un nuevo golpe de timón en el rodaje técnico del quehacer institucional.
RESPUESTA POLÍTICA
Ciertamente los hechos descritos anteriormente y la acusación propiamente tal tienen sustento en una base jurídica y habrá que dejar “que las instituciones funcionen” y se pronuncien al respecto, pero otra cosa muy distinta, es el marco político y los escenarios que tendrán lugar como efecto de la decisión de sacar un Jefe de Servicio del nuevo Gobierno, quien en su paso demostró ser una figura eminentemente técnica, que conocía a fondo los pormenores del propio quehacer institucional y que estaba en sintonía con los modelos de intervención de los regímenes existentes de los centros de administración directa, en donde en más de una oportunidad se le escucho abogar por una sola institucionalidad con vías separadas y presupuestos diferenciados, como lo habían venido planteando las asociaciones durante el periodo de reforma institucional impulsado por los gobiernos anteriores.
La decisión de intencionar la salida del Director, entonces debió haber pasado necesariamente por un análisis político, pues si bien se ha obrado de manera correcta (como se señaló anteriormente) es de suponer que las aristas que genera la decisión de intencionar su salida están consideradas y analizadas por quienes nos condujeron al escenario actual. Es de suponer también que si (como se cree) el nuevo Director o Directora tendrá un perfil técnico – político, estamos preparados para enfrentar decisiones de las nuevas autoridades que aseguren la gobernabilidad de la Institución e imprima el sello particular de gestión que cada director o directora a traído consigo.
De no ser así, de no haber considerado estas aristas, se nos ha puesto en el riesgo de vernos enfrentados a complejos escenarios, en donde el orden y manejo Institucional subordine las decisiones técnicas, en pro de avanzar a paso firme en los objetivos trazados por el Gobierno y el Ministerio de Justicia, quienes finalmente determinan las políticas gubernamentales.
LA CARTA INCONSULTA DE DENUNCIA
La palabra “traición” ha rondado los ribetes y desarrollo de la denuncia y sus efectos. Por una parte el Director la ocupa para señalar, que mientras se desarrollaba la mesa de acuerdos en variadas materias, teniendo su mayor atención y concentración los asuntos de personal, se estaba urdiendo esta denuncia aún con la mesa en funcionamiento y finalmente con la firma de acuerdo de todas las asociaciones, cosa bastante grave cuando se trata de negociaciones a cara descubierta en donde se supone que todo se desarrolla en un ambiente de buena fe y confianza, pero más grave aún, es la tenue línea que separa la traición de la venganza.
Otros en cambio y en busca del enemigo interno (ese que ocupan para expiar culpas), la utilizaron para referirse a quienes tenían algún tipo de contacto directo con las autoridades, sin que este contacto pasara por su cedazo y evidentemente sin saber el tenor de la relación con dicha autoridad. Lo cierto es, que culpables o no de estos actos de infidelidad, la denuncia que con todos sus bemoles (correctos e incorrectos) tiene un claro factor común, la falta de consulta, pues ella claramente, fue producida por quienes la firman, adoleciendo del aporte o aprobación del resto de los miembros del directorio o de Dirigentes Provinciales. Considerando, que si bien se informó de la acción a cada miembro del Directorio Nacional restante vía teléfono, a solo minutos de la entrega en la Controlaría General de la República, este solo fue un aviso, pero jamás una consulta o solicitud de aprobación.
En materia de responsabilización como dicta la ley Nº 19.296, que establece normas sobre asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado, todos los miembros de un directorio son responsables y responderán solidariamente ante la Ley de los bienes y los actos naturales o jurídicos que emprenda la organización; pero no así, quien haya manifestado su desaprobación por escrito, cosa que no tuvo espacio alguno de suceder ante la acción arrolladora de quienes presentaron el reclamo, conociéndose este por la vía de los hechos, incluso así también se informaron algunas directivas provinciales, quienes guardan religioso silencio, pero que ciertamente tienen muchas cosas que decir.
Los denunciantes aducirán que hicieron lo correcto, qué duda cabe, pero toda acción para que sea eficaz y meritoria, necesariamente debe tener un sello de transparencia y lealtad, al memos con sus pares, los que en conjunto debieron tomar la decisión de acusar a la autoridad, de lo contrario, este acto solo pasa a ser producto de revanchismos y frustraciones personales.
FUTURO INMEDIATO
Ya es casi un hecho que la próxima semana no estarán las actuales autoridades en ejercicio y tendremos subrogancia por un periodo que esperamos sea breve, y nuevamente habrá que reconstruir sobre la base de nuevas relaciones. Se crea la interrogante que tipo de relación se podrá establecer con la autoridad entrante, ¿será la confianza un factor presente en la base de esas relaciones? ¿Seremos capaces de reconstituir una relación de respeto y diálogo, que nos permita avanzar en la consolidación de los derechos de los funcionarios/as del Sename?; ¿Era el momento propicio, si estábamos ad-portas del período de renovación de contratas?, interrogantes que generaron en el colectivo de los funcionarios/as, la preocupación e incertidumbre de un futuro laboral expuesto a la indefensión, frente a posibles medidas que determine la nueva dirección, que de seguro deberá posesionarse del cargo desde una perspectiva de mayor autoridad y ordenamiento institucional.
Estas y otras interrogantes tendrán pronta respuesta, por parte de quien sea el nuevo jefe/a de servicio y su equipo, o de quienes nos condujeron al presente escenario, mientras tanto, el llamado es a agruparnos, informarnos y a movilizarnos si fuere necesario
Alfonso Herrera Valdivia
Dirigente Nacional
AFUSE.
David Bécar Yeomans
Dirigente Provincial
AFUSE
Cristina Castillo Villar
Dirigente Provincial
AFUSE
De ahí emana como fuente legislativa el decreto con fuerza de ley N° 19.653 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. En ella podemos encontrar un basto articulado que versa sobre las normas legales que rigen la conducta laboral y cotidiana de los funcionarios y funcionarias públicos/as. Este D.F.L. ya en su artículo 13, mandata a que todos los funcionarios y funcionarias públicos /as que ejercen la administración del Estado, deberán observar el Principio de Probidad Administrativa, además define en su Título III art. 52, que es la probidad administrativa y señala que la autoridades de la Administración del Estado, cualquiera sea su denominación con que la designe la constitución, las leyes, y los funcionarios de la administración pública, sean de planta o contrata deberán dar estricto cumplimiento a este principio de probidad administrativa.
Es por ello que en cualquier rol o función, los funcionarios y funcionarias públicos de la administración del Estado, están obligados además de cumplir con la norma establecida, dar a conocer a su superior jerárquico en la escala de mando cualquier hecho que diga relación con falta a la probidad administrativa, para que estos hechos si existiesen sean debidamente investigados, observando siempre el derecho a defenderse, a que nadie es culpable de los hechos que se le imputan hasta que se haya comprobado fehacientemente la consumación de dichos actos y por sobre todo al derecho del debido proceso.
En este marco no existe entonces opción alguna, más que al haber tenido a la vista la famosa copia de la bitácora en donde supuestamente el Director Nacional habría hecho uso del vehículo institucional con fines personales, que la denuncia formal para dar inicio a un proceso de investigación que determinase si la acusación tenía suficiente base fundante. Es así, que algunos dirigentes de manera particularmente diligente no dudaron en confeccionar un escrito de denuncia y presentarlo ante las instancias correspondientes, ello, sin esperar siquiera la evaluación, diagnóstico o aporte al escrito por parte del resto del directorio, entendiendo que la importancia que revestía la situación no solo tenía efecto jurídico, sino también un tremendo remezón político y a futuro un nuevo golpe de timón en el rodaje técnico del quehacer institucional.
RESPUESTA POLÍTICA
Ciertamente los hechos descritos anteriormente y la acusación propiamente tal tienen sustento en una base jurídica y habrá que dejar “que las instituciones funcionen” y se pronuncien al respecto, pero otra cosa muy distinta, es el marco político y los escenarios que tendrán lugar como efecto de la decisión de sacar un Jefe de Servicio del nuevo Gobierno, quien en su paso demostró ser una figura eminentemente técnica, que conocía a fondo los pormenores del propio quehacer institucional y que estaba en sintonía con los modelos de intervención de los regímenes existentes de los centros de administración directa, en donde en más de una oportunidad se le escucho abogar por una sola institucionalidad con vías separadas y presupuestos diferenciados, como lo habían venido planteando las asociaciones durante el periodo de reforma institucional impulsado por los gobiernos anteriores.
La decisión de intencionar la salida del Director, entonces debió haber pasado necesariamente por un análisis político, pues si bien se ha obrado de manera correcta (como se señaló anteriormente) es de suponer que las aristas que genera la decisión de intencionar su salida están consideradas y analizadas por quienes nos condujeron al escenario actual. Es de suponer también que si (como se cree) el nuevo Director o Directora tendrá un perfil técnico – político, estamos preparados para enfrentar decisiones de las nuevas autoridades que aseguren la gobernabilidad de la Institución e imprima el sello particular de gestión que cada director o directora a traído consigo.
De no ser así, de no haber considerado estas aristas, se nos ha puesto en el riesgo de vernos enfrentados a complejos escenarios, en donde el orden y manejo Institucional subordine las decisiones técnicas, en pro de avanzar a paso firme en los objetivos trazados por el Gobierno y el Ministerio de Justicia, quienes finalmente determinan las políticas gubernamentales.
LA CARTA INCONSULTA DE DENUNCIA
La palabra “traición” ha rondado los ribetes y desarrollo de la denuncia y sus efectos. Por una parte el Director la ocupa para señalar, que mientras se desarrollaba la mesa de acuerdos en variadas materias, teniendo su mayor atención y concentración los asuntos de personal, se estaba urdiendo esta denuncia aún con la mesa en funcionamiento y finalmente con la firma de acuerdo de todas las asociaciones, cosa bastante grave cuando se trata de negociaciones a cara descubierta en donde se supone que todo se desarrolla en un ambiente de buena fe y confianza, pero más grave aún, es la tenue línea que separa la traición de la venganza.
Otros en cambio y en busca del enemigo interno (ese que ocupan para expiar culpas), la utilizaron para referirse a quienes tenían algún tipo de contacto directo con las autoridades, sin que este contacto pasara por su cedazo y evidentemente sin saber el tenor de la relación con dicha autoridad. Lo cierto es, que culpables o no de estos actos de infidelidad, la denuncia que con todos sus bemoles (correctos e incorrectos) tiene un claro factor común, la falta de consulta, pues ella claramente, fue producida por quienes la firman, adoleciendo del aporte o aprobación del resto de los miembros del directorio o de Dirigentes Provinciales. Considerando, que si bien se informó de la acción a cada miembro del Directorio Nacional restante vía teléfono, a solo minutos de la entrega en la Controlaría General de la República, este solo fue un aviso, pero jamás una consulta o solicitud de aprobación.
En materia de responsabilización como dicta la ley Nº 19.296, que establece normas sobre asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado, todos los miembros de un directorio son responsables y responderán solidariamente ante la Ley de los bienes y los actos naturales o jurídicos que emprenda la organización; pero no así, quien haya manifestado su desaprobación por escrito, cosa que no tuvo espacio alguno de suceder ante la acción arrolladora de quienes presentaron el reclamo, conociéndose este por la vía de los hechos, incluso así también se informaron algunas directivas provinciales, quienes guardan religioso silencio, pero que ciertamente tienen muchas cosas que decir.
Los denunciantes aducirán que hicieron lo correcto, qué duda cabe, pero toda acción para que sea eficaz y meritoria, necesariamente debe tener un sello de transparencia y lealtad, al memos con sus pares, los que en conjunto debieron tomar la decisión de acusar a la autoridad, de lo contrario, este acto solo pasa a ser producto de revanchismos y frustraciones personales.
FUTURO INMEDIATO
Ya es casi un hecho que la próxima semana no estarán las actuales autoridades en ejercicio y tendremos subrogancia por un periodo que esperamos sea breve, y nuevamente habrá que reconstruir sobre la base de nuevas relaciones. Se crea la interrogante que tipo de relación se podrá establecer con la autoridad entrante, ¿será la confianza un factor presente en la base de esas relaciones? ¿Seremos capaces de reconstituir una relación de respeto y diálogo, que nos permita avanzar en la consolidación de los derechos de los funcionarios/as del Sename?; ¿Era el momento propicio, si estábamos ad-portas del período de renovación de contratas?, interrogantes que generaron en el colectivo de los funcionarios/as, la preocupación e incertidumbre de un futuro laboral expuesto a la indefensión, frente a posibles medidas que determine la nueva dirección, que de seguro deberá posesionarse del cargo desde una perspectiva de mayor autoridad y ordenamiento institucional.
Estas y otras interrogantes tendrán pronta respuesta, por parte de quien sea el nuevo jefe/a de servicio y su equipo, o de quienes nos condujeron al presente escenario, mientras tanto, el llamado es a agruparnos, informarnos y a movilizarnos si fuere necesario
Alfonso Herrera Valdivia
Dirigente Nacional
AFUSE.
David Bécar Yeomans
Dirigente Provincial
AFUSE
Cristina Castillo Villar
Dirigente Provincial
AFUSE
